vasto entramado de ríos y cauces que recorre España —más de 600.000 kilómetros en total— se apoya en un importante patrimonio hidráulico compuesto por 2.453 presas, de las cuales más de un millar son consideradas grandes infraestructuras. Estas obras permiten almacenar más de 61.000 hectómetros cúbicos de agua y cumplen funciones clave: regulación de caudales, prevención de inundaciones, abastecimiento y producción de energía hidroeléctrica. Sin embargo, varias organizaciones profesionales y del sector renovable alertan de que este patrimonio se encuentra en un estado preocupante por falta de mantenimiento y escasas medidas de seguridad.
Según datos del Instituto de la Ingeniería de España, la Asociación Caminos y APPA Renovables, más del 75% de las presas estatales no cuentan con planes de emergencia actualizados y muchas presentan deficiencias importantes. Para José Trigueros, presidente de Asociación Caminos, estas infraestructuras son esenciales tanto para gestionar episodios de lluvias extremas como para garantizar el suministro energético. La hidroeléctrica sigue siendo un pilar del mix renovable español: en 2024 aportó un 13,3% de toda la generación eléctrica, según Red Eléctrica de España.
España dispone hoy de más de 17.000 MW de potencia hidráulica entre centrales convencionales y de bombeo, un sistema que permite almacenar energía en momentos de baja demanda. Aunque el Plan Nacional de Energía y Clima fija un objetivo de 22,5 GW de capacidad de almacenamiento para 2030, no concreta aún qué tecnologías liderarán este crecimiento. “La mejor batería es el agua”, recuerda José María González Moya, director general de APPA.
A esta situación se suma otro reto: más de 90 centrales hidroeléctricas verán finalizar su concesión antes de 2035. Muchas son pequeñas instalaciones cuyo futuro es incierto. Algunas podrían continuar temporalmente, revertir al Estado, salir a concurso o incluso ser demolidas si se considera que no son viables o generan impactos ambientales. En otros casos, los procesos administrativos se alargan tanto que las centrales quedan abandonadas, deteriorándose sin aprovechamiento.
La gestión del final de estas concesiones ha generado polémicas y conflictos locales, especialmente entre quienes defienden la conservación de estas presas como parte del patrimonio cultural y como recurso agrícola y organizaciones ecologistas que abogan por su derribo para restaurar los ecosistemas fluviales. En los últimos años solo se han demolido algunas pequeñas presas obsoletas, aunque existen casos, como Los Toranes o La Retorna, con órdenes judiciales de derribo que han suscitado fuertes debates territoriales.
Paralelamente, el Gobierno ha puesto el foco en el bombeo hidroeléctrico como estrategia de almacenamiento energético. En 2025 lanzó una licitación para transformar infraestructuras estatales y, gracias a fondos europeos, financiará cuatro nuevos proyectos que sumarán más de 2.200 MW y deberán estar operativos antes de 2030.
